Los dimes y diretes

Me sorprende que tras el revuelo, por no llamarlo escándalo, montado tras el cese de la administrativa del consultorio médico de nuestro pueblo, las reacciones "políticas" sigan siendo débiles y escasas. Me sorprende y mucho que nadie ponga el acento en el acoso laboral previo sufrido por esta trabajadora y que ha sido el detonante de esta situación dantesca. Me explico:


  1.  La administrativa en cuestión llevaba semanas recibiendo y soportando estoicamente comentarios en su puesto de trabajo del tipo "en cuanto entren estos (en alusión al PRC) te quedan 4 días", "para lo que te queda aquí...", teniendo que soportar que incluso dentro del propio consultorio representantes políticos realizasen comentarios en esta linea, señalando incluso su inminente cese y sustitución por otra persona de la total confianza. 
  2. Dado este punto de partida, la administrativa del consultorio (que lleva varios años contratada a través del mismo procedimiento que varias personas más que trabajan a cargo del Ayuntamiento  de Guriezo: colegio, limpieza, ludoteca,..) decide elevar un escrito solicitando que se le aclare su situación de cara a la próxima renovación de su contrato, escrito que envía al Servicio Cántabro de Salud, al Ayuntamiento de Guriezo y a la empresa contratante (ETT Eulen Flexiplan). 
  3. La respuesta por parte de Gerencia del Servicio Cántabro de Salud es comunicar que a Guriezo no le corresponde por población una administrativa para el consultorio (pasando por alto el acuerdo previo entre el Ayuntamiento de Guriezo y la anterior gerente del SCS), por lo que le retiran de manera fulminante las claves de acceso al sistema, impidiéndole poder realizar el trabajo para el que aún sigue contratada.
  4. La trabajadora sigue acudiendo a su puesto de trabajo mientras inicia el trámite correspondiente en el ORECLA (El  ORECLA se dedica a la solución extrajudicial de conflictos laborales mediante la mediación, conciliación y arbitraje)
  5. Tras el proceso de arbitraje, el representante de Eulen Flexiplan mantiene una reunión con el Ayuntamiento de Guriezo, reunión en la que está presente Ángel Llano (PRC), Rosalía (PRC), María (PSOE) y otro concejal más del PRC de Guriezo. Tras exponer la situación, el representante de la ETT recibe la orden de cesar a la trabajadora. Se le comunica también que ese servicio lo puede prestar otra persona, sin concretar...
  6. A partir de este momento, empieza el baile de responsabilidades y el volquete de falsedades y mentiras puestas en marcha por el actual equipo de Gobierno y sus muchos y variados portavoces, de cara a dilucidar la responsabilidad en la pérdida del servicio. Llegan incluso a emplear una canal "oficial" en redes sociales para decir una media verdad, que no deja de ser una mentira completa.(las declaraciones de algunos concejales en sus redes sociales dan a entender que siguen con el chip de campaña electoral y no son conscientes todavía de la responsabilidad hacia los vecinos que han adquirido, hacia todos y cada uno de los vecinos de Guriezo).
  7. En esta batalla partidista, el alcalde niega la entrega de un documento solicitado por un partido de la oposición, cometiendo una torpeza absurda en aras de la tan cacareada transparencia y eficacia.
  8. Siguen discutiendo de la responsabilidad del cese, pero se olvidan de la situación previa en la que, por acción directa/indirecta o por omisión se ha producido una caso grave a mi entender de mobbing hacia una persona que trabajaba para nuestro municipio y que sus derechos laborales se han visto pisoteados sin justificación después de tanto tiempo de prestar un servicio altamente eficiente y muy valorado por los vecinos del municipio.
Al respecto, la ley dice:



El Artículo 173 establecen que cometen el delito quienes” en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima”.
A pesar que el precepto emplea literalmente la expresión “realicen…actos” cabe la posibilidad de conductas omisivas. Es decir, puede llegar a considerarse de que alguien dentro de la empresa es responsable también del delito cuando no reacciona ante el acoso laboral cometido por un tercero pudiendo evitarlo. La tolerancia, o simplemente el mirar hacia otro lado mientras se está cometiendo, podría dar lugar a responsabilidades penales, en tanto que podría entenderse su comisión por omisión.
La situación, a mi entender, es grave a nivel laboral y a nivel de pérdida de un servicio que aportaba eficacia y humanidad a un tema tan sensible. Si querían sustituir a la persona que desempeñaba estas funciones, tan sencillo como abrir una bolsa de empleo y dar oportunidades a aquellas personas que cumpliendo los requisitos, presenten méritos y formación, hagan un examen y aquellas que aprueben entren a formar parte de esta bolsa de contratación.
Han entrado como un elefante en una cacharrería, dando la impresión de que desconocen el proceder en la administración pública y el deber de servicio público. 
El tiempo lo dirá, pero el grado de inmadurez política y de gestión de conflictos es preocupante

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